La primera y más obvia de las preguntas es: ¿pero no fue el fuerte de San Cristóbal declarado en su día “bien de interés cultural con categoría de monumento”? Si el fuerte es un monumento desde el 16 de noviembre de 2001, como declara el real decreto 1265/2001 de esa misma fecha, es de suponer que el conjunto monumental estará amparado por las leyes de protección del patrimonio que rigen tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Si así fuese, malamente el propietario del monumento –que, a decir verdad, no sé quién es: ¿el Ejército, que hace obras en el monumento como quien reforma su vieja cocina?, ¿Navarra, cuyo Gobierno nunca ha mostrado mucho interés ni mayor prisa en hacerse cargo de ese bien de interés cultural?–, malamente, digo, podría meter la piqueta en el mismo sin los preceptivos informes y autorizaciones de, vuelvo a suponer, la Institución Príncipe de Viana. Pero entonces, ¿solicitó quienquiera que sea el dueño de ese bien de interés cultural con categoría monumental los permisos necesarios para reformar o borrar las partes del fuerte relacionadas con el uso del mismo como penal de castigo en épocas republicana y de la guerra civil? En la hipótesis por verificar de que dichos permisos fuesen solicitados, ¿autorizó la institución encargada de velar por la conservación del patrimonio histórico que el dueño del monumento reformase o destruyese la parte del mismo relacionada con la represión franquista? ¿Desconocía quien no solicitó los preceptivos permisos para hacer obras en el monumento, o quien los otorgó pese a que no debía haberlos concedido, los acuerdos tanto del Congreso de los Diputados como del Parlamento navarro por los que se insta a la recuperación del fuerte, sin olvidar –cito textualmente– el “homenaje a todas las víctimas” habidas en él durante las épocas que, al parecer, recientemente han sido borradas por la piqueta? ¿Hasta qué punto ha quedado borrada la huella de una época? ¿Dónde se pregunta esto y quién responde de todo eso?
Publicado en Diario de Noticias