Ya es casualidad que la familia Chillida llame a la providencial intervención de los poderes públicos en el preciso momento en que San Sebastián aspira a la capitalidad europea de la cultura. Dado lo señalado del momento, es de suponer que la salvífica intervención política se dará. Se dará cuando se consideré electoralmente oportuno, pero se dará. Por descontado que soy partidario de que dicha intervención se dé, si es que el hoy por hoy negocio particular de la familia Chillida, a simple vista un negocio incomparablemente más boyante que el más visitado de los semidesiertos museos navarros, en efecto va a la quiebra. De lo que no soy partidario es de que ese tipo de intervenciones sean a la navarra. Es un rasgo distintivo del régimen político-administrativo implantado por UPN la promoción de fundaciones que, o bien surgen desde la iniciativa privada para privadamente hacer a su conveniencia con la graciosa e incontrolada concesión de fondos públicos –la fundación del arquitecto Francisco Mangado, a la que no se niega en los presupuestos lo que sí se hurta a los pequeños museos, es el caso más evidente–, o bien se promueven fundaciones desde la propia Administración para, desde el control de los patronatos de las mismas, hacer y deshacer en lo público a su capricho –el Baluarte nació con una fundación así; lo primero que se varió en la Fundación Oteiza fue el número de patronos establecido por el propio Oteiza–. Es de suponer que el museo que la Universidad de Navarra hará con la colección Huarte –y que seguramente cerrará el paso presupuestario a otra dotación de carácter público– se beneficiará del singular régimen foral que rige con UPN en materia cultural: gestión privada –trasparencia, concurrencia y publicidad no requeridas– con caudales públicos, siempre que los magníficos Lorenzos que conceden los fondos cuenten con el derecho reservado a retratarse con cuantos notables pasen por allá. Lo verdaderamente de temer es que Chillida-Leku sobreviva a la navarra.
Publicado en Diario de Noticias
