La desalentadoras declaraciones a las agencias de prensa en materia cívica del nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, señor Pérez –el señor que al hilo de la llamada Ley de Memoria ha hablado de la irreversibilidad de los pantanos franquistas: ese mismo señor que nos invita al saludable ejercicio de olvidar de una vez por todas lo que no tiene vuelta de hoja–, se comentan por sí solas. Nada, pues, que comentar, salvo el desaliento. No pongamos al señor Pérez, ni al diputado popular que el pasado miércoles habló en el Congreso de que dicha ley instaurará «muertos de primera y de segunda» en el aprieto de decirnos qué clase de «muertos de segunda» son los 498 mártires, exclusivamente del bando de la insurrección militar, que Roma beatificará próximamente. Además, el antes arzobispo castrense no habrá tenido tiempo de conocer el colegio Víctor Pradera o la calle Joaquín Beúnza, por dar dos nombres de los muchos «muertos de segunda» a los que la nacional-católica diócesis de Pamplona ha recordado durante decenios en su nomenclátor urbano. Para qué decirle a quien produce semejante desaliento que, así como el perdón requiere de la contrición, el dolor de corazón y el propósito de la enmienda, el olvido precisa de la memoria y la verdad histórica: del restablecimiento previo del nombre y la dignidad de aquellos defensores de la legalidad que no sólo no se vieron reconocidos en el callejero, sino cuyos nombres ni siquiera fueron escritos en una tumba. El auxilio sacerdotal en el violento tránsito de todos aquellos antimártires a los que Roma no beatificará y para los que el señor Pérez pide el olvido, no llegó a esa mínima misericordia –virtud que, sin embargo, el señor Pérez preconiza–: una lápida, una esquela, algo adonde pudiera agarrarse el recuerdo de sus seres próximos. Que tan desalentadora misericordia –tal como él y sus antecesores la entendieron– quede con el señor Pérez y que la memoria nos acompañe en el camino cívico hacia lo que es justo.
